Dos grandes cuestiones se perfilan al abordar la política pública: cómo lograr que el Estado cumpla su quehacer con la mayor eficiencia, eficacia y economía posibles, y cómo conseguir que, más allá de la infinita variedad de preferencias particulares, el Estado haga lo correcto para alcanzar los grandes objetivos de las democracias contemporáneas, como condiciones de vida y de trabajo dignas, libertades y derechos iguales para todas las personas, seguridad pública y paz social, desarrollo ambientalmente sustentable y vigencia plena del Estado de Derecho, entre otros. Si la política pública asegura esta clase de objetivos, el corolario será el fortalecimiento de la democracia frente a sus históricos enemigos: la dictadura y la oligarquía. Pero, por desgracia, también puede ocurrir lo contrario: políticas públicas que, en vez de fortalecer la democracia, la debiliten.